Editorial
Dos familias pueden vivir en una misma ciudad, consumir una cantidad semejante de electricidad y recibir cuentas con valores diferentes. No necesariamente porque alguna de ellas utilice más energía o porque exista un cobro indebido, sino porque el sistema eléctrico chileno contempla tarifas que pueden variar según la empresa distribuidora, las características de sus redes y los mecanismos regulatorios aplicables a cada suministro.
La situación merece atención porque la electricidad dejó hace mucho tiempo de ser un servicio que las familias pudieran considerar prescindible. De ella dependen la conservación de los alimentos, las comunicaciones, la calefacción, el funcionamiento de numerosos equipos domésticos y buena parte de las actividades productivas. Su costo forma parte permanente del presupuesto familiar, aunque pocas personas podrían explicar con precisión cómo se determina el valor que finalmente aparece en sus boletas.
En Los Ángeles, Región del Biobío, los antecedentes técnicos permiten identificar cuatro distribuidoras eléctricas: CGE, COOPELAN, COELCHA y Frontel. Sus redes atienden sectores con características diferentes, desde zonas urbanas con una importante concentración de viviendas hasta localidades rurales donde la infraestructura necesaria para abastecer a los usuarios podría extenderse por grandes distancias. Esa diversidad constituye uno de los elementos que la regulación considera al determinar los costos de distribución, pero también plantea una pregunta legítima: ¿hasta qué punto las diferencias territoriales justifican los distintos valores que terminan pagando los consumidores?
El precio de la electricidad en Chile no depende exclusivamente de cuánto cuesta producirla. En su determinación intervienen componentes asociados a la generación, la transmisión y la distribución, junto con cargos y mecanismos de ajuste establecidos por la normativa. La Comisión Nacional de Energía participa en los estudios y cálculos que sustentan las tarifas reguladas, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tiene responsabilidades de fiscalización. Se trata, por tanto, de un sistema en el que las empresas no deberían fijar libremente todos los componentes de sus precios, aunque eso tampoco significa que las tarifas resultantes sean necesariamente iguales en todo el territorio.
Uno de los conceptos centrales es el Valor Agregado de Distribución, conocido como VAD, mediante el cual se reconocen costos eficientes para llevar la electricidad hasta los consumidores. Su metodología considera las características de las redes y las condiciones bajo las cuales se presta el servicio. En principio, una red que abastece a miles de hogares concentrados en un espacio relativamente pequeño podría presentar costos diferentes de otra que necesita numerosos kilómetros de instalaciones para atender una población dispersa. Sin embargo, reconocer esa diferencia técnica no debería impedir que la ciudadanía conozca cómo fue calculada y qué efecto tiene sobre el precio que paga.
Chile también contempla mecanismos de equidad tarifaria destinados a moderar determinadas diferencias entre consumidores. Su existencia revela que el propio sistema regulatorio reconoce la necesidad de equilibrar costos territoriales que, sin compensaciones, podrían traducirse en disparidades mayores. Pero la equidad no equivale necesariamente a uniformidad, y las condiciones particulares de aplicación pueden hacer que las cuentas sigan siendo diferentes.
A esa complejidad se agregan los mecanismos de estabilización y los ajustes tarifarios asociados a períodos anteriores. Por ello, una cuenta eléctrica podría incorporar obligaciones cuyo origen no se encuentra exclusivamente en el consumo del mes facturado. Comprender esa composición exige revisar documentos técnicos que, aunque sean públicos, no siempre resultan fáciles de interpretar para una persona sin conocimientos especializados.
Aquí aparece una cuestión que debería preocupar tanto a las autoridades como a las empresas: la transparencia no puede reducirse a publicar decretos, fórmulas y extensas tablas de valores. Para que exista una comprensión efectiva, el consumidor debería poder conocer, en términos sencillos, qué está pagando, por qué lo paga y cuáles son los criterios que justifican las diferencias respecto de otros hogares.
No sería correcto afirmar que una distribuidora cobra injustificadamente más que otra sin reconstruir y contrastar sus tarifas completas. Tampoco sería razonable asumir que toda diferencia se encuentra suficientemente explicada por el solo hecho de estar contemplada en una fórmula regulatoria. Entre ambas posiciones existe un espacio legítimo para la investigación periodística, el examen de los antecedentes públicos y la fiscalización ciudadana.
Biored Noticias ha comenzado a revisar el funcionamiento de este sistema, tomando como referencia la coexistencia de distintas distribuidoras en Los Ángeles y las normas que determinan sus tarifas. Los antecedentes permiten establecer que existen criterios técnicos y regulatorios para diferenciar los precios, aunque todavía sería necesario contar con comparaciones monetarias completas y homogéneas para evaluar su magnitud en cada empresa.
La discusión, por consiguiente, no debería limitarse a establecer qué ciudad o distribuidora presenta la cuenta más elevada. La pregunta de fondo es si los mecanismos de fijación tarifaria ofrecen explicaciones suficientemente claras y comprobables para quienes financian el sistema mediante el pago mensual de un servicio esencial.
Porque una familia puede aceptar que llevar electricidad a determinados lugares tenga costos distintos. Lo que no debería exigírsele es aceptar una cuenta sin tener posibilidades reales de comprender cómo se construyó su valor.
La electricidad tiene un precio. Comprender cómo se determina ese precio también debería ser un derecho de quienes la pagan.
BIORED Noticias
Investigación y análisis.
