Una revisión de fiscalizaciones de la Contraloría General de la República permitiría encontrar deficiencias que se repiten en distintas municipalidades: recursos transferidos sin rendición, facturas cuya prestación no habría podido acreditarse, problemas presupuestarios, controles deficientes sobre bienes y otras fallas administrativas. Los antecedentes no permitirían hablar de corrupción generalizada, pero sí abrirían una pregunta sobre la capacidad de control interno de los gobiernos locales.

Un municipio puede equivocarse. Puede existir una rendición incompleta, una factura que no tenga todos sus respaldos, un vehículo cuya bitácora esté mal confeccionada o una modificación presupuestaria que no haya seguido correctamente el procedimiento correspondiente.

El problema podría adquirir otra dimensión cuando situaciones de naturaleza semejante aparecen en municipalidades diferentes y en distintas regiones del país.

Eso es lo que permitirían observar algunos de los principales hallazgos contenidos en el Reporte de Hallazgos 2024-2025 de la Contraloría General de la República, elaborado a partir de fiscalizaciones realizadas entre abril de 2024 y marzo de 2025. El documento reúne observaciones calificadas por el organismo fiscalizador entre las de mayor relevancia detectadas durante ese período.

Biored Noticias revisó parte de esos antecedentes y los informes municipales asociados. El resultado no permitiría afirmar que los municipios chilenos funcionarían bajo un esquema generalizado de corrupción. Tampoco permitiría convertir cada observación administrativa en un delito.

La pregunta sería otra: ¿Cuántos de los problemas detectados por Contraloría corresponderían a errores aislados y cuántos revelarían debilidades que se repiten en la administración municipal?

Cuando los recursos entregados no tendrían respaldo suficiente

Uno de los problemas que aparecería en distintas municipalidades estaría relacionado con las transferencias de recursos a organizaciones privadas.

En Padre Las Casas, el Informe N.º 952 de 2024 habría identificado transferencias a 77 organizaciones privadas por $119.453.147 respecto de las cuales no se habría cumplido con la obligación de rendir cuenta. Según el mismo antecedente, las rendiciones tampoco habrían sido exigidas oportunamente por la municipalidad.

La situación sería relevante no porque la falta de rendición demuestre que los recursos hayan sido mal utilizados. No lo demuestra.

El problema estaría en que el municipio debería contar con mecanismos suficientes para saber cómo fueron utilizados los fondos públicos que transfirió. El mismo informe habría detectado, además, funcionarios que registraron horas extraordinarias de manera continua entre lunes y domingo durante determinados períodos, situación que habría impedido garantizar el descanso semanal correspondiente.

En este caso aparecen dos problemas de naturaleza diferente dentro de una misma administración: control sobre recursos transferidos y control sobre la jornada laboral.

Ñuñoa: millones en rendiciones sin antecedentes suficientes

En Ñuñoa, el Informe N.º 742 de 2024 tuvo como objeto revisar gastos de personal, bienes y servicios, transferencias, uso de vehículos, recursos humanos y recursos digitales, entre otras materias.

Entre sus conclusiones, Contraloría habría señalado que las rendiciones presentadas por la Corporación Cultural, la Corporación Municipal de Deportes y la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y aprobadas por la dirección de control municipal, no habrían incorporado antecedentes suficientes para acreditar los ingresos y desembolsos examinados.

La cifra involucrada superaría los $6.172 millones.

Pero nuevamente la precisión resulta fundamental: esa cifra no significaría que $6.172 millones hayan desaparecido ni que hayan sido defraudados. Representaría el monto de las rendiciones respecto de las cuales Contraloría habría detectado insuficiencia de antecedentes para acreditar determinados ingresos y desembolsos.

La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre una deficiencia de respaldo documental y un delito.

El mismo informe habría detectado, además, irregularidades en las bitácoras de 23 vehículos examinados, incluyendo ausencia de información sobre conductores, recorridos y horarios. Contraloría habría instruido medidas correctivas y una investigación sumaria por eventuales infracciones relacionadas con el uso de vehículos fiscales.

Facturas por más de $2.600 millones cuya prestación no habría podido acreditarse

Otro de los hallazgos agrupados por Contraloría resulta particularmente significativo. El organismo habría identificado dos municipios que aceptaron facturas por servicios o productos cuya entrega o prestación no habría podido ser acreditada durante la fiscalización.

Los casos serían:

• Municipalidad de La Higuera: $2.587.778.156.
• Municipalidad de Salamanca: $21.060.017.

El total alcanzaría $2.608.838.173.

Nuevamente, la cifra no debería presentarse como dinero robado. El hallazgo tendría un significado concreto: durante la fiscalización, la documentación disponible no habría permitido acreditar suficientemente que determinados bienes fueron entregados o que determinados servicios fueron efectivamente prestados.

En Salamanca, además, el Informe N.º 548 de 2024 habría detectado problemas financieros y presupuestarios de otra naturaleza. Contraloría habría determinado una sobrestimación de ingresos presupuestarios y una subejecución de gastos en 2022 y 2023, junto con un déficit presupuestario de $2.328 millones y un déficit de caja de $2.281 millones al 31 de diciembre de 2023.

El mismo informe habría establecido también gastos por $46.033.364 asociados a multas e intereses derivados del pago extemporáneo de cotizaciones previsionales y de salud. Aquí aparece algo que merece atención: un mismo municipio puede acumular problemas de distinta naturaleza sin que necesariamente exista una relación causal entre ellos.

No sería correcto decir que un déficit presupuestario fue provocado por las facturas observadas. Los antecedentes revisados no permiten establecer esa conexión.

La Higuera: cuando el problema continúa después de la fiscalización

La Municipalidad de La Higuera podría entregar uno de los antecedentes más relevantes para esta investigación.

El Informe N.º 590 de 2024 habría identificado, entre otras situaciones, facturas por servicios o productos cuya prestación no pudo acreditarse. El reporte consolidado también señala documentos tributarios duplicados y una obligación de pago de aproximadamente $531,9 millones asociada a facturas que no habrían sido rechazadas oportunamente ante una eventual falta del servicio correspondiente. Pero la historia no habría terminado con el informe.

En 2025, Contraloría habría emitido un oficio de seguimiento respecto de La Higuera. Fuentes que revisaron ese documento señalaron que persistirían observaciones pendientes de subsanar y que se habría iniciado un nuevo procedimiento disciplinario.

Este punto es especialmente importante para nuestro reportaje. Porque la pregunta deja de ser solamente: ¿Qué encontró Contraloría?. Y pasa a ser: ¿Qué ocurre después de que Contraloría encuentra un problema?

La respuesta no sería necesariamente la misma en todos los municipios. Algunos podrían corregir las observaciones. Otros podrían encontrarse todavía dentro de los plazos establecidos. Y otros podrían no haberlas subsanado.

Precisamente por eso no sería correcto afirmar que las observaciones constituyen por sí mismas una falla permanente del sistema.

Un problema que se repite, pero no necesariamente de la misma forma

El reporte de Contraloría también identifica deficiencias en el control de bienes municipales.

En tres municipios —Limache, Las Condes e Independencia— se habrían detectado terrenos, vehículos u otros bienes que no estaban registrados adecuadamente en la contabilidad, además de falta de inventarios o bienes adquiridos que no habrían sido incorporados oportunamente a estos registros.

La coincidencia es evidente. La interpretación debe ser más cuidadosa. Que tres municipios presenten problemas de inventario no demostraría que exista una falla nacional del sistema de administración de bienes municipales.

Sí permitiría preguntarse si se trata de una dificultad recurrente que merece ser estudiada con un universo mucho mayor. Y ahí aparece probablemente la principal conclusión provisional de esta investigación: los documentos permiten observar recurrencias, pero todavía no permiten medir su magnitud nacional.

El verdadero problema podría estar en el control interno

Las municipalidades cuentan con estructuras de control propias. Por eso, la existencia de Contraloría no debería entenderse como el único mecanismo destinado a detectar problemas. Cuando una fiscalización externa encuentra rendiciones insuficientemente respaldadas, problemas presupuestarios, bienes no registrados, facturas cuya prestación no pudo acreditarse o deficiencias en contratos, surge una pregunta legítima:

¿Cuánto de aquello debería haber sido detectado antes por los propios mecanismos municipales?

La respuesta no puede obtenerse solamente con el Reporte de Hallazgos 2024-2025. Para responderla habría que estudiar los informes de seguimiento y determinar qué observaciones fueron corregidas, cuáles permanecieron, cuáles dieron lugar a investigaciones sumarias y cuáles fueron remitidas a otras autoridades.

La Higuera demostraría que esa segunda etapa puede cambiar completamente la historia.

El límite que los documentos imponen

Hay una tentación evidente al leer un informe como este: sumar todas las cifras y presentar una enorme cantidad de dinero como “pérdida municipal”. Eso sería metodológicamente incorrecto.

Una observación puede corresponder a un gasto improcedente, una falta de documentación, una obligación pendiente, un problema contable, una deficiencia de procedimiento o un monto sujeto a regularización. No todos esos conceptos equivalen a un perjuicio fiscal definitivo. Tampoco una observación de Contraloría significa automáticamente que una autoridad o funcionario haya cometido un delito.

La propia naturaleza de la fiscalización obliga a distinguir entre observación, responsabilidad administrativa, eventual perjuicio patrimonial y responsabilidad penal.

Biored Noticias mantendrá esa separación.

La pregunta que queda abierta

Después de revisar estos antecedentes, probablemente la pregunta más interesante no sea cuáles serían los municipios “peores” ni cuáles acumularían más observaciones. Un ranking sería engañoso.

Una municipalidad que haya sido fiscalizada diez veces podría presentar más observaciones que otra que haya sido fiscalizada una sola vez. Las materias examinadas también pueden ser diferentes. La pregunta sería más sencilla: ¿Estamos frente a errores aislados o ante debilidades de control que se repiten en la administración municipal chilena?

Los antecedentes revisados permitirían afirmar que determinados tipos de problemas aparecen efectivamente en municipalidades diferentes. Todavía no permitirían afirmar que existe un patrón nacional de corrupción. Para llegar a esa conclusión haría falta mucho más.

Pero quizá ahí esté precisamente la investigación que corresponde hacer: no buscar culpables antes de tiempo, sino descubrir si el sistema está aprendiendo de sus propios errores.