En Chile, estudiar una carrera profesional podría seguir siendo presentado como una de las decisiones más importantes para asegurar el futuro. Una familia podría comprometer años de ahorro; un estudiante podría asumir un crédito por una década o más; y detrás de esa decisión existiría una promesa implícita bastante sencilla: terminar los estudios permitiría ejercer aquello para lo cual se estudió.
Pero ¿qué ocurriría si esa promesa no siempre pudiera cumplirse?
Los antecedentes que estamos revisando para Biored Noticias podrían mostrar que el problema sería bastante más profundo que la existencia de carreras con baja empleabilidad. En determinados casos, estudiantes habrían ingresado a programas cuya posibilidad real de ejercicio profesional habría estado limitada por normas, estatutos, registros públicos o por la inexistencia de los cargos para los cuales supuestamente estaban siendo preparados.
El caso de Criminalística podría constituir uno de los ejemplos más significativos.
Durante distintos períodos, universidades e institutos habrían ofrecido programas vinculados a criminalística y peritaje judicial. Parte de esa oferta habría podido generar entre los estudiantes la expectativa de trabajar posteriormente en organismos como la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Servicio Médico Legal o el Ministerio Público.
Sin embargo, esas instituciones podrían no haber contemplado dentro de sus estructuras los cargos profesionales que algunos estudiantes imaginaban encontrar al egresar.
La diferencia no sería menor.
Una cosa sería terminar una carrera y encontrar un mercado laboral competitivo.
Otra muy distinta sería terminarla y descubrir que el puesto para el cual se creyó estar estudiando podría no existir jurídicamente como se esperaba.
Casos posteriores habrían terminado incluso en tribunales. Distintos estudiantes habrían demandado a instituciones de educación superior alegando publicidad engañosa, falta de campo profesional o perjuicios económicos derivados de la oferta académica. Algunas resoluciones judiciales podrían haber establecido indemnizaciones.
Pero Criminalística podría no haber sido el único problema.
La legislación chilena habría reservado determinadas profesiones —particularmente algunas vinculadas a salud y educación— a títulos otorgados bajo condiciones institucionales específicas.
En determinados períodos podrían haberse producido conflictos respecto de carreras impartidas por institutos profesionales cuyos egresados posteriormente habrían encontrado dificultades para registrarse, contratarse o ejercer determinadas funciones dentro del sistema público.
Y aquí podría aparecer la pregunta verdaderamente incómoda.
¿Quién debería verificar, antes de que un estudiante pague el primer arancel, que el título que recibirá tendrá efectivamente las atribuciones profesionales que razonablemente espera?
Podría pensarse que esa responsabilidad correspondería exclusivamente al estudiante. Investigar. Comparar. Leer las leyes. Consultar empleabilidad. Revisar remuneraciones.
Pero esa explicación podría resultar insuficiente.
Un joven de 18 años difícilmente podría interpretar por sí solo el Código Sanitario, las leyes orgánicas de organismos públicos, los escalafones administrativos, los registros profesionales y las futuras condiciones del mercado laboral.
La institución que ofrece una carrera podría disponer de mucha más información que quien decide matricularse.
Ahí aparecería una asimetría de información.
La universidad o instituto podría conocer los alcances legales del título, sus tasas históricas de empleabilidad, el ingreso promedio de los egresados, la saturación del mercado y las limitaciones profesionales del programa.
El estudiante podría conocer principalmente la publicidad.
“Encuentra tu vocación”.
“Construye tu futuro”.
“Transforma tu pasión en profesión”.
Nada de aquello sería necesariamente falso, pero podría resultar incompleto.
Porque una vocación también tendría costo.
Cinco años de estudios podrían significar decenas de millones de pesos entre aranceles, transporte, materiales y tiempo que no se destinó al mercado laboral.
Y si la carrera se financiara mediante deuda, el riesgo podría continuar mucho después de la graduación.
La institución recibiría el arancel, el estudiante asumiría buena parte del riesgo laboral, y en determinados mecanismos de financiamiento, el Estado también podría terminar asumiendo parte del riesgo crediticio.
Entonces surge una segunda pregunta.
¿Debería una institución poder continuar aumentando vacantes en una carrera si durante años sus egresados presentan bajos niveles de empleabilidad o ingresos insuficientes para justificar razonablemente el costo de estudiarla?
La respuesta no sería sencilla.
La educación superior no podría reducirse únicamente a rentabilidad económica.
Una sociedad necesitaría filósofos, artistas, historiadores, periodistas, científicos, profesores y profesionales cuya importancia cultural o social no siempre podría medirse mediante una planilla salarial.
Pero tampoco debería confundirse esa defensa de la educación con el derecho a ofrecer cualquier programa sin entregar al estudiante información suficiente sobre lo que probablemente ocurrirá después de titularse.
Quizás el problema no sería que existan carreras con baja empleabilidad.
El problema podría estar en cómo se venden.
Un estudiante podría perfectamente escoger una profesión sabiendo que tendrá un mercado pequeño, remuneraciones modestas o alta competencia.
Esa sería una decisión personal legítima.
Lo discutible comenzaría cuando esa decisión pudiera tomarse sin conocer toda la información disponible.
La próxima investigación de Biored Noticias buscará precisamente eso.
No determinar cuáles carreras “sirven” y cuáles “no sirven”.
La pregunta será bastante más seria:
¿Está el sistema chileno de educación superior entregando al estudiante toda la información que necesitaría para comprender realmente qué está comprando cuando paga por un título profesional?
Porque una carrera podría durar cinco años.
Una deuda, veinte.
Y descubrir después de graduarse que la profesión que se estudió podría no tener el campo, las atribuciones o las oportunidades que se esperaban sería una información que quizás debería haberse conocido antes de firmar la matrícula.
