Miles de jóvenes podrían ingresar cada año a la educación superior convencidos de que un título profesional les abrirá una puerta laboral. Sin embargo, los antecedentes disponibles mostrarían diferencias enormes entre carreras, universidades e institutos. En algunos casos, la empleabilidad podría ser extraordinariamente baja; en otros, el ingreso posterior difícilmente compensaría años de aranceles y endeudamiento. Y Chile conocería casos todavía más graves: carreras cuyo campo laboral publicitado habría terminado cuestionado ante los tribunales. El problema quizás no sería que existan profesiones difíciles. La pregunta sería si quienes las compran conocen realmente el riesgo antes de matricularse.
La promesa
La escena podría repetirse todos los años.
Un joven termina cuarto medio. Busca una carrera.
Una universidad o instituto le muestra laboratorios, estudiantes sonrientes, profesionales trabajando y frases construidas alrededor de conceptos como futuro, vocación, realización, empleabilidad o transformación.
Después aparece el precio.
Matrícula. Arancel. Cinco años. En ocasiones, crédito.
La familia podría interpretar que está comprando educación. Pero económicamente estaría tomando una decisión bastante mayor: invertir varios años de vida y posiblemente decenas de millones de pesos en la expectativa de obtener posteriormente una profesión.
Y allí comenzaría el problema.
Porque todas las carreras podrían entregar educación.
Pero no todas entregarían las mismas posibilidades de convertir esa educación en trabajo.
Los antecedentes publicados por Mi Futuro, plataforma dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, permitirían observar diferencias que podrían llegar a ser enormes incluso dentro del mismo sistema. Para la admisión 2026, por ejemplo, determinadas carreras de Química y Farmacia aparecían con empleabilidades cercanas o iguales al 100% durante el primer año, mientras Medicina podía superar el 98% en algunas universidades. Los ingresos informados al cuarto año también podrían superar los $2 millones en Química y Farmacia y los $3 millones en Medicina.
En el otro extremo podrían encontrarse carreras e instituciones con indicadores considerablemente inferiores.
La primera conclusión sería incómoda:
un título profesional no constituiría una unidad económica comparable a otro título profesional.
Dos estudiantes podrían estudiar cinco años, pagar cantidades similares y salir al mercado laboral con probabilidades completamente diferentes.
El dato que podría cambiar una decisión
Mi Futuro permitiría conocer empleabilidad e ingresos de los titulados.
Pero habría una característica particularmente importante.
Los resultados podrían variar considerablemente no solamente entre carreras, sino también entre instituciones que imparten exactamente la misma carrera.
Periodismo ofrecería un ejemplo.
Datos de Mi Futuro reproducidos durante 2025 situaban la empleabilidad al primer año de egreso en 85,3% para la Pontificia Universidad Católica de Chile y 79,8% para la Universidad de Chile. Otras instituciones aparecían alrededor del 70%, mientras los ingresos informados al cuarto año también mostraban diferencias.
Aquello significaría que preguntar simplemente: “¿Tiene campo Periodismo?” podría ser una pregunta insuficiente.
Habría que preguntar: ¿qué empleabilidad presentan los egresados de Periodismo de esta universidad?
Y posiblemente algo todavía más importante: ¿cuánto ganan después de cuatro años?
La carrera, por sí sola, podría no explicar el resultado. La institución también podría importar.
Cuando el problema no sería solamente encontrar trabajo
Hay carreras cuya discusión podría centrarse principalmente en saturación.
Nutrición y Dietética constituiría un ejemplo interesante. Una propia universidad que actualmente imparte la carrera reconocería en su información de admisión que se habría tratado de una profesión que llegó a encontrarse saturada y situaría el promedio nacional de empleabilidad alrededor del 42% durante el primer año, aumentando posteriormente.
Eso no permitiría afirmar que estudiar Nutrición sea una mala decisión. Sería absurdo.
Un estudiante podría tener vocación, talento, recursos económicos, redes profesionales o un proyecto independiente que hiciera perfectamente razonable elegirla.
La información permitiría plantear otra cosa:
el riesgo debería conocerse antes de ingresar, no después de titularse.
Porque un 40%, un 60% o un 95% de empleabilidad podrían modificar radicalmente una decisión familiar.
Y allí podría encontrarse una de las principales asimetrías del sistema.
La institución conocería su carrera. Conocería cuántos estudiantes matricula. Conocería cuántos egresan. Podría conocer los indicadores publicados por el Estado. Podría conocer las características de su mercado profesional.
El postulante, en cambio, tendría probablemente 17 o 18 años.
El estudiante compra futuro
Una universidad no vendería jurídicamente un empleo.
Tampoco podría garantizar razonablemente cuánto ganará un egresado dentro de cinco años.
El mercado cambia. Las tecnologías cambian. Las profesiones desaparecen y aparecen. Las economías entran en crisis.
Ninguna institución podría controlar aquello.
Pero existiría una diferencia entre no poder garantizar el futuro y no transparentar adecuadamente lo que ya se conoce del presente.
Si una carrera tuviera sistemáticamente baja empleabilidad, esa información podría ser tan relevante para decidir una matrícula como la duración, el arancel o la malla curricular.
Y quizás debería presentarse con una visibilidad semejante.
La pregunta entonces podría cambiar.
No sería: “¿Debería prohibirse una carrera con baja empleabilidad?”
Probablemente no.
Sería: ¿debería poder venderse sin mostrar prominentemente sus resultados laborales?
El experimento chileno de Criminalística
Existe un episodio histórico que podría llevar esta discusión mucho más lejos.
A comienzos de los años 2000, distintas instituciones chilenas comenzaron a impartir carreras relacionadas con Criminalística, Ciencias Criminalísticas y Peritaje Criminalístico.
El contexto habría sido especialmente atractivo.
Chile estaba implementando la Reforma Procesal Penal.
Aparecía un nuevo Ministerio Público.
Los fiscales investigaban delitos.
Los juicios orales transformaban la justicia penal.
Y alrededor de aquella transformación podría haberse instalado la percepción de que el país necesitaría una nueva generación de especialistas civiles en criminalística.
Miles de jóvenes habrían visto allí una profesión de futuro.
El problema habría aparecido después.
Una profesión frente a instituciones que tenían sus propios sistemas
Policía de Investigaciones y Carabineros ya dispondrían de estructuras, procedimientos y mecanismos propios de formación y contratación.
El Ministerio Público tampoco habría creado necesariamente un gran escalafón destinado a absorber a quienes egresaran de estas nuevas carreras.
Y el sistema de peritos judiciales no habría significado automáticamente que disponer de un título denominado criminalista garantizara contratación estable.
Aquello habría abierto una brecha entre la expectativa profesional generada alrededor de la carrera y el mercado efectivamente disponible.
Pero aquí ya no estaríamos únicamente ante estadísticas. Los estudiantes fueron a tribunales.
UCINF: cuando la publicidad llegó a la Corte Suprema
Uno de los antecedentes más contundentes habría involucrado a la Universidad de Ciencias de la Informática, UCINF.
En 2011, la Corte Suprema habría confirmado una sentencia relacionada con la publicidad utilizada para promocionar Criminalística.
Según la información pública del fallo, la propaganda habría reforzado entre los estudiantes la expectativa de desempeñarse en instituciones públicas o privadas relacionadas con la Reforma Procesal Penal.
La resolución habría considerado que aquel material podía inducir a error respecto de la futura inserción profesional y habría confirmado indemnizaciones para aproximadamente 40 exalumnos, además de una multa.
El caso resulta extraordinariamente importante para esta investigación.
Porque el conflicto habría dejado de ser: “Elegí una carrera y después no encontré trabajo”.
La cuestión sometida a los tribunales habría sido distinta: ¿qué expectativas laborales habría generado la propia publicidad utilizada para vender esa carrera?
Instituto Diego Portales: otra advertencia
Otro caso habría involucrado al Instituto Profesional Diego Portales de Viña del Mar.
SERNAC informó en 2010 que cuatro estudiantes habrían obtenido indemnizaciones después de ingresar a Perito Criminalístico confiando en publicidad que presentaba posibilidades laborales relacionadas con la Reforma Procesal Penal.
Entre los campos mencionados habrían aparecido empresas públicas o privadas, laboratorios de criminalística y funciones de asesoría vinculadas al Ministerio Público o la Defensoría.
Los estudiantes habrían conocido posteriormente que el campo ocupacional no correspondería a aquello que razonablemente habrían interpretado de esa publicidad.
Otra vez aparecería la misma frontera:
no sería simplemente desempleo; sería la relación entre publicidad y expectativa profesional.
Valle Central: la historia volvería a repetirse
Años después, otro proceso habría involucrado al Instituto Profesional Valle Central.
SERNAC informó en 2016 que la Corte de Apelaciones de Chillán habría confirmado una sentencia que condenaba al instituto a indemnizar exestudiantes de Perito Criminalístico.
Según el organismo, la publicidad habría señalado que los egresados podrían desempeñarse en instituciones como Fiscalía, Defensoría, Servicio Médico Legal, Policía de Investigaciones y Carabineros.
Los afectados podrían recuperar matrículas y mensualidades pagadas, según informó entonces SERNAC.
Tres casos. Tres instituciones. Un mismo tipo de conflicto.
Eso permitiría preguntarse si Criminalística habría constituido solamente una equivocación empresarial aislada o si habría revelado una falla más profunda en la relación entre autonomía académica, publicidad educacional y protección del estudiante.
El caso UTEM obliga a ser mucho más precisos
La Universidad Tecnológica Metropolitana también habría enfrentado un conflicto de enorme magnitud.
Desde 2003 habría impartido Licenciatura en Ciencias Criminalísticas y posteriormente programas técnicos relacionados. Los antecedentes judiciales describirían estudiantes matriculados entre 2003 y 2007.
Miles de estudiantes y egresados habrían participado posteriormente en acciones judiciales.
Pero este caso demostraría precisamente por qué no debería simplificarse la historia.
En 2009, la Corte Suprema habría dejado sin efecto una indemnización obtenida por 43 estudiantes, fundamentalmente porque la acción habría sido presentada ante una jurisdicción que el tribunal consideró incorrecta.
En otro proceso posterior, la discusión judicial habría sido todavía más compleja.
Los demandantes habrían sostenido que material publicitario de la UTEM utilizaba referencias y logotipos de instituciones públicas que podían generar expectativas de inserción profesional. Sin embargo, la sentencia habría considerado insuficiente aquello para acreditar publicidad engañosa en los términos reclamados y habría razonado, entre otros aspectos, que los convenios mencionados no significaban necesariamente garantías de contratación.
Esto obliga a una corrección periodística importante:
no sería correcto colocar todos los casos de Criminalística dentro de una misma conclusión judicial.
Algunas instituciones habrían sido condenadas.
Otras habrían enfrentado demandas que terminaron de manera diferente.
Y esa diferencia tendría que mantenerse en cualquier investigación seria.
¿Entonces Criminalística era una profesión ilegal?
Tampoco sería correcto decirlo así.
Que una persona haya estudiado Criminalística no significaría necesariamente que estuviera jurídicamente impedida de realizar cualquier actividad pericial o privada relacionada con sus conocimientos.
El problema habría sido más específico.
El campo laboral que algunos estudiantes razonablemente habrían esperado encontrar podría no haber existido en la dimensión o bajo las condiciones que determinadas promociones publicitarias sugerían.
La distinción parece pequeña.
Judicialmente podría ser enorme.
Una cosa sería vender una carrera prohibida por la ley.
Otra sería vender una carrera legal cuyo mercado laboral resulte reducido.
Y una tercera, mucho más delicada, sería promocionarla utilizando expectativas profesionales que posteriormente un tribunal pudiera considerar engañosas.
Criminalística permitiría estudiar principalmente esta tercera situación.
El segundo problema: profesiones reguladas
Existe otra zona todavía más compleja.
Chile tendría profesiones cuyo ejercicio estaría regulado legalmente.
Salud sería probablemente el ejemplo más evidente.
Médicos, enfermeras, matronas y otros profesionales se desenvolverían dentro de un entramado de normas sanitarias, títulos, registros y requisitos que no dependerían exclusivamente de lo que una institución decida enseñar.
Algo parecido ocurriría con la formación docente, donde las reformas introducidas durante los últimos años habrían establecido requisitos específicos para las carreras de pedagogía y para las instituciones que pueden impartirlas.
La Ley 20.903, vigente desde 2016, habría profundizado la regulación de la formación inicial docente y establecido nuevas exigencias para las universidades que forman profesores. El Consejo Nacional de Educación describe incluso evaluaciones diagnósticas obligatorias durante la formación y requisitos vinculados a la obtención del título.
Pero los antecedentes preliminares que hemos revisado sobre supuestas carreras de salud o pedagogías impartidas históricamente por institutos profesionales todavía no permitirían sostener responsablemente que todos esos egresados hayan quedado jurídicamente imposibilitados de ejercer.
Podrían existir regímenes transitorios, diferencias según fecha de titulación, modificaciones legales y situaciones particulares.
Por eso Biored no presentará esa hipótesis como hecho mientras cada caso no pueda reconstruirse documentalmente.
Y esa cautela, lejos de debilitar la investigación, podría revelar algo importante:
el problema no necesitaría exageraciones para ser grave.
La carrera puede ser legal y aun así ser una pésima inversión
Hay una tercera categoría que posiblemente afectaría a muchas más personas.
Carreras completamente legales. Títulos perfectamente válidos. Universidades acreditadas. Profesiones existentes.
Pero mercados laborales incapaces de absorber al número de titulados que el sistema produce.
Aquí entrarían diversas carreras de salud, ciencias sociales, humanidades, artes y otras disciplinas dependiendo de la institución y del período analizado.
Y nuevamente habría que evitar rankings simplistas.
Una carrera con 45% de empleabilidad en una universidad podría alcanzar porcentajes considerablemente mayores en otra.
Nutrición, Kinesiología o Periodismo permitirían observar precisamente ese fenómeno.
No existirían necesariamente “carreras malas”.
Podrían existir combinaciones de carrera, institución, costo y mercado laboral con retornos extraordinariamente diferentes.
La palabra que falta: retorno
La educación superior chilena suele discutirse mediante conceptos como calidad, acreditación, gratuidad, acceso y financiamiento.
Quizás faltaría incorporar otro: retorno.
Supongamos dos carreras de cinco años. Ambas cuestan $5 millones anuales.
La inversión directa podría alcanzar $25 millones, sin contar matrícula, materiales, transporte, alimentación ni costo de oportunidad.
En una, el egresado podría encontrar trabajo rápidamente y obtener ingresos elevados.
En la otra podría tardar años, trabajar en actividades distintas de su formación o recibir remuneraciones cercanas a las que habría obtenido sin pasar cinco años por la universidad.
Académicamente ambas personas tendrían un título.
Económicamente habrían realizado inversiones completamente distintas.
Y aparece la deuda
La ecuación se volvería todavía más sensible cuando los estudios hayan sido financiados mediante crédito.
El estudiante no solamente podría enfrentar dificultad para encontrar empleo.
Podría comenzar su vida laboral cargando una obligación financiera originada precisamente en el título que debía mejorar sus ingresos.
Entonces aparecería una paradoja.
La inversión destinada a aumentar la capacidad económica del estudiante podría transformarse en una carga precisamente porque esa capacidad económica no aumentó como esperaba.
La institución habría recibido el arancel. El estudiante conservaría el título. Pero el riesgo laboral recaería principalmente sobre él.
¿Tiene la universidad obligación de cerrar una carrera porque tiene poca empleabilidad?
Probablemente la respuesta jurídica podría ser no.
Y quizás debería serlo.
La universidad no es solamente una fábrica de trabajadores.
Una sociedad necesita historiadores. Filósofos. Artistas. Investigadores. Músicos. Periodistas. Profesores. Académicos.
Profesiones cuyo valor social y cultural no podría reducirse al sueldo obtenido cuatro años después de titularse.
Cerrar una carrera simplemente porque paga poco podría convertir la educación superior en una escuela de capacitación para las necesidades inmediatas del mercado.
Ese tampoco sería el camino.
Pero reconocer aquello no elimina la obligación de discutir información.
El derecho a estudiar algo difícil
Un joven tendría todo el derecho de estudiar Teatro sabiendo que probablemente enfrentará un mercado laboral difícil.
Podría estudiar Filosofía aunque su prioridad no sea maximizar ingresos. Podría estudiar Historia porque quiere investigar. Podría estudiar Periodismo porque quiere ser periodista.
La libertad consiste precisamente en poder elegir. Pero una elección solamente sería plenamente libre cuando se realiza con información suficiente.
Por eso el problema podría no estar en permitir carreras con bajo retorno. Estaría en cómo se informa ese retorno antes de cobrar la matrícula.
Una etiqueta que cambiaría el sistema
Imaginemos por un momento algo muy sencillo.
Antes de matricularse, cada estudiante recibe una ficha obligatoria.
Carrera. Institución. Duración real promedio. Porcentaje que termina. Empleabilidad al primer año. Empleabilidad al segundo. Ingreso promedio al cuarto. Número de titulados anuales. Evolución de esos indicadores durante los últimos cinco o diez años. Arancel total estimado. Y, cuando corresponda, requisitos legales para ejercer.
Nada de aquello impediría matricularse. Nada prohibiría una carrera. Nada obligaría a una universidad a cerrarla. Simplemente cambiaría quién dispone de la información.
El estudiante podría descubrir antes de firmar aquello que hoy algunos descubren después de titularse.
¿Por qué una universidad mantendría una carrera saturada?
Aquí entraríamos en terreno analítico y, por tanto, deberíamos formularlo como pregunta.
Una institución de educación superior tendría costos: Profesores. Infraestructura. Administración. Laboratorios. Bibliotecas. Tecnología. Pero esos costos variarían enormemente según el tipo de programa.
Una carrera que necesita hospitales clínicos, laboratorios sofisticados o equipamiento especializado podría resultar mucho más costosa de impartir que otra basada principalmente en salas, profesores y bibliografía.
Por ello sería razonable investigar si determinadas carreras podrían resultar financieramente atractivas incluso cuando sus resultados laborales sean modestos.
Eso no permitiría afirmar que las universidades las mantienen deliberadamente porque sus estudiantes no encontrarán trabajo.
No tenemos evidencia para decirlo.
Pero sí justificaría preguntar algo que rara vez aparece en la discusión pública:
¿qué incentivo económico tiene una institución para reducir voluntariamente las vacantes de una carrera que sigue recibiendo postulantes?
El mercado tiene una falla
En un mercado convencional, un producto deficiente podría perder compradores rápidamente. Pero la educación tendría una característica particular.
El resultado se conoce tarde. Muy tarde.
Un estudiante podría matricularse en 2027. Titularse en 2032. Descubrir durante 2033 y 2034 cómo funciona realmente su mercado profesional.
Para entonces, la universidad ya habría recibido cinco años de aranceles. Y miles de nuevos estudiantes podrían haberse matriculado detrás de él.
Existe, por tanto, un retraso entre compra y comprobación del resultado.
Eso podría permitir que una carrera continúe recibiendo alumnos durante años antes de que una mala realidad laboral modifique suficientemente la demanda.
La publicidad tiene ventaja
Existe además una asimetría comunicacional.
La universidad puede mostrar aquello que ofrece: Campus. Biblioteca. Profesores. Intercambios. Laboratorios. Vida universitaria. Historias exitosas. Nada de eso tendría necesariamente algo reprochable.
Pero el estudiante podría necesitar conocer también aquello que la publicidad naturalmente tendría menos incentivos para destacar: cuántos titulados no encuentran trabajo; cuántos terminan trabajando en otra cosa; cuánto tardan en recuperar económicamente su inversión; cómo evolucionó la demanda profesional; y qué porcentaje del ingreso futuro podría terminar destinado a pagar el financiamiento de los estudios. La publicidad vende posibilidades. La estadística muestra probabilidades. Y un estudiante necesitaría ambas.
El verdadero producto no sería el título
Después de revisar estos antecedentes, podría aparecer una conclusión distinta.
Quizás una universidad no vende realmente un diploma.
El papel tiene poco valor material.
Lo que el estudiante estaría comprando sería una combinación de conocimientos, credenciales, redes, prestigio y expectativa de oportunidades futuras.
Por eso el campo laboral no sería un asunto accesorio.
Formaría parte central de la decisión económica.
Y precisamente por eso los casos judiciales de Criminalística resultarían tan importantes.
Habrían mostrado que, bajo determinadas circunstancias, la manera en que una institución comunica esas oportunidades podría llegar a adquirir consecuencias jurídicas.
La pregunta que Chile todavía podría no haber respondido
Chile construyó durante las últimas décadas uno de los sistemas de educación superior más masivos de su historia.
Miles de jóvenes que décadas atrás probablemente nunca habrían entrado a una universidad pudieron hacerlo.
Eso podría constituir una enorme transformación social. Pero la masificación habría creado una segunda obligación. No bastaría con preguntar cuántos entran.
Habría que preguntar qué ocurre cuando salen.
Cuántos encuentran trabajo. Cuánto ganan. Cuántos ejercen aquello que estudiaron. Cuántos continúan pagando la decisión muchos años después. Y cuántos habrían elegido otra cosa si hubieran conocido esos datos antes.
Porque el verdadero escándalo no sería que una carrera tenga poco campo laboral. El mercado cambia y ninguna universidad puede garantizar el futuro.
El problema podría aparecer cuando la información que permite conocer ese riesgo existe, pero no ocupa un lugar equivalente al de la publicidad que invita a matricularse.
Un estudiante puede equivocarse. Puede escoger una profesión difícil. Puede privilegiar vocación sobre dinero. Puede asumir conscientemente un riesgo. Todo aquello sería parte de su libertad. Pero para asumir un riesgo primero hay que conocerlo.
Y quizás allí esté la pregunta que debería hacerse Chile antes del próximo proceso de admisión:
¿estamos vendiendo educación o estamos vendiendo expectativas de futuro sin informar con suficiente claridad cuánto podrían valer realmente?
Porque una matrícula se firma en minutos. Una carrera podría durar cinco años. Y una deuda veinte.
