En un desarrollo alarmante, el diputado Miguel Ángel Becker, miembro del partido Renovación Nacional (RN), ha presentado el informe final de la Comisión Investigadora por Crimen Organizado. El documento, que se centra en el asesinato del ex teniente Ronald Ojeda, revela la presunta participación de agentes externos, específicamente del régimen del dictador Nicolás Maduro de Venezuela, en actividades criminales que afectan a Chile.
El informe, respaldado por cinco votos a favor y dos en contra, tiene una extensión de 20 páginas y arroja conclusiones contundentes sobre la relación entre la situación política internacional y el crimen organizado. Uno de los puntos más críticos que aborda es la ineficacia del Acuerdo de Cooperación Internacional policial firmado entre Chile y Venezuela, el cual, según el documento, no ha logrado cumplir con los objetivos esperados en términos de colaboración en la lucha contra el crimen.
El texto del informe cuestiona abiertamente la decisión del Gobierno chileno de suscribir dicho acuerdo con un régimen autoritario. “La inocencia del Subsecretario del Interior al suscribir un acuerdo de cooperación policial con un autoritarismo reconocido deja en evidencia la confusión del Gobierno al abordar el combate al crimen organizado”, señala el informe. Además, el documento sugiere que esta situación obliga a replantear las alianzas regionales de Chile y a reconsiderar las estrategias para enfrentar el crimen organizado.
Otro aspecto destacado en el informe es la deficiencia en la protección de personas refugiadas en el país. El informe critica al Gobierno chileno por no haber brindado la protección adecuada a los refugiados y recomienda que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia informen a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al Comité de Derechos Humanos sobre estas deficiencias.
Además, el informe pone de relieve la “falta de control en las fronteras” y la constante violación de estas por bandas de crimen organizado. Se señala que esta falta de control ha llevado a una situación de “impunidad del crimen” que afecta negativamente la vida, seguridad y libertad de todos los ciudadanos en Chile.
La conclusión más preocupante del informe es la posible influencia del gobierno venezolano en el crimen organizado dentro del país. El documento sugiere que puede haber habido infiltraciones de redes criminales en Chile, integradas por exmilitares y agentes de inteligencia venezolanos. Esta situación representa una grave amenaza para la seguridad nacional, según el informe.
El análisis presentado por la Comisión Investigadora subraya la necesidad urgente de revisar y ajustar las políticas de seguridad y cooperación internacional de Chile. La implicación de actores externos en actividades criminales locales plantea un desafío significativo para las autoridades chilenas, que deberán tomar medidas decisivas para proteger la seguridad y la integridad del país frente a estas amenazas emergentes.
