En un giro inesperado en el caso de acoso sexual que ha sacudido la comuna de Laja, el alcalde Roberto Quintana ha decidido presentar una querella formal contra la funcionaria que lo denunció. Quintana, quien había sido previamente condenado por estos hechos, sostiene que la denuncia en su contra se basa en la grabación de un “cortejo y galanteo” sin su consentimiento y ha solicitado que se le imponga una condena a la mujer por el delito en cuestión.
De acuerdo a lo señalado por Radio Bio Bío, el escrito judicial revela que el jefe comunal busca que se castigue a la funcionaria con una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, además de una multa de 500 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Esta acción se enmarca dentro de su estrategia legal para revertir la condena que pesa sobre él.
En detalle, la grabación realizada por la funcionaria fue crucial en la condena del alcalde, al ser presentada como evidencia de acoso sexual. Estos eventos, que tuvieron lugar en agosto de 2021 en las dependencias municipales, resultaron en una condena para Quintana. Sin embargo, la defensa del alcalde sostiene que los hechos descritos fueron simplemente actos de galanteo y cortejo realizados fuera del horario de atención al público, y no constituyen acoso sexual.
La presentación de esta querella coincide con una jornada significativa en el ámbito judicial, ya que la Corte de Apelaciones de Concepción ha dado un nuevo giro al caso. En una reciente resolución, el tribunal acogió el recurso de nulidad presentado por la parte querellante, ordenando la realización de un nuevo juicio contra el alcalde de Laja.
La relatora de la Primera Sala del tribunal de alzada, Candelaria Cáceres, fue la encargada de informar sobre este fallo que reabre el proceso judicial. La decisión de la corte se basa en la perspectiva de género, destacando que el delito de acoso sexual requiere una pena más severa de la inicialmente aplicada. En este sentido, el tribunal estimó que el caso debía ser revisado bajo una nueva óptica, dado el carácter grave del delito y la necesidad de ajustar la pena de acuerdo con la gravedad del acto.
El alcalde Roberto Quintana enfrenta ahora una acusación formal por el delito consumado de acoso sexual y abuso sexual, lo que intensifica la atención mediática y pública sobre el caso. La nueva etapa judicial promete arrojar más detalles sobre la naturaleza de los actos y las responsabilidades legales involucradas, marcando un desarrollo crucial en esta compleja situación legal.
Este caso subraya la importancia de la perspectiva de género en los procesos judiciales y la necesidad de una revisión exhaustiva de las pruebas y testimonios para garantizar una justicia equitativa. La resolución del nuevo juicio será observada con atención tanto por la comunidad local como por el sistema judicial en su conjunto.
