En un reciente fallo que ha generado gran expectativa, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó un recurso de amparo presentado por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esta decisión se enmarca dentro de la investigación en curso sobre la presunta implicación de Yáñez en violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social de 2019.
La medida en cuestión es una alerta fronteriza ordenada por la fiscal Ximena Chong. Esta alerta tiene como objetivo notificar al Ministerio Público sobre cualquier movimiento internacional del general Yáñez, permitiendo a las autoridades estar al tanto de sus desplazamientos fuera del país. La defensa del general Yáñez había solicitado la nulidad de esta medida, argumentando que no tenía un fundamento sólido en el contexto de la investigación y que afectaba la presunción de inocencia de su cliente.
En la resolución, el tribunal subrayó que la alerta fronteriza no contribuye directamente a la investigación ni afecta la presunción de inocencia de Yáñez. La Corte argumentó que la alerta se limita a registrar los movimientos migratorios del general sin un propósito claramente definido en el avance de la causa judicial. Este tipo de medidas, según la Corte, son rutinarias y se utilizan para mantener un registro de las personas que entran o salen del país, sin necesidad de una solicitud específica o pública para cada individuo.
El fallo detalló que la Policía Internacional (Interpol) ya lleva un registro completo de las personas que cruzan las fronteras nacionales, haciendo redundante la necesidad de una alerta fronteriza específica para Yáñez. La Corte de Apelaciones también concluyó que la medida no presenta una utilidad real en el contexto de la investigación actual, ya que no añade información significativa a los procedimientos en curso.
El rechazo de la Corte a la solicitud de amparo ha sido recibido con una mezcla de sorpresa y reflexión en el ámbito jurídico y de derechos humanos. La decisión mantiene la alerta fronteriza en vigor, permitiendo a las autoridades monitorear los desplazamientos internacionales del general Yáñez mientras la investigación sigue su curso.
Este rechazo no solo subraya la importancia de la alerta fronteriza en las investigaciones de alto perfil, sino que también plantea preguntas sobre las estrategias de defensa en casos que involucran acusaciones graves contra funcionarios de alto rango. La medida sigue siendo un punto de debate entre los defensores de los derechos humanos y las autoridades judiciales, que buscan asegurar que los procesos legales avancen de manera justa y efectiva.
A medida que la investigación continúa, la comunidad jurídica y el público observan de cerca los próximos pasos en el caso de Ricardo Yáñez, esperando que las decisiones judiciales puedan arrojar más luz sobre las alegaciones y las medidas de justicia correspondientes.
Fotografía: Sala de Prensa
