En medio de una creciente polémica, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, ha salido al paso de las acusaciones que implican una supuesta transferencia de más de 100 millones de pesos a un hogar infantil que, según se denuncia, en la práctica no existiría. En un enérgico comunicado, Toledo ha cuestionado el momento de estas fiscalizaciones, sugiriendo que están motivadas por intereses políticos y realizados en un periodo especialmente delicado debido a la proximidad de las elecciones municipales, que se celebrarán en octubre.
Toledo ha defendido la gestión del hogar en cuestión, argumentando que mantener una residencia infantil con un equipo multidisciplinario adecuado, capaz de ofrecer un apoyo efectivo y contenedor a los menores, no es una tarea económica fácil. A pesar de que la denuncia sostiene que el hogar solo atiende a dos menores, la alcaldesa resaltó la complejidad y el costo asociado a la operación de tales instituciones.
De acuerdo a lo señalado por radio Bio Bío, la jefa comunal también ha señalado que estos ataques forman parte de una estrategia preelectoral. “Estamos en tiempos de campaña, y es previsible que surjan ataques y cuestionamientos”, comentó Toledo, “Es importante observar de dónde provienen estos ataques y cuál es su verdadera motivación”. La alcaldesa sugirió que las críticas y las fiscalizaciones podrían estar destinadas a influir en la percepción pública en vísperas de las elecciones municipales.
En respuesta a las acusaciones, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ha emitido un comunicado desmintiendo cualquier vínculo con la residencia en cuestión. Según el organismo, no administran ni han administrado ninguna institución bajo el nombre “Hogar del Niño”. En vista de esta declaración, se han tomado medidas legales para solicitar una investigación exhaustiva que aclare la situación y determine el verdadero estado de los menores que se alega estuvieron en el hogar.
Esta controversia ha generado una serie de reacciones en la comunidad y en el ámbito político. La administración municipal se enfrenta a una presión creciente para esclarecer la situación y responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre el manejo de los fondos y la atención a los menores. Por su parte, el Servicio de Protección Especializada ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
.
