Este jueves, el Gobierno formalizó ante el Senado el veto presidencial a la reforma electoral que busca extender a dos días las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales, destacando medidas como la multa por no asistir a votar, aplicable incluso a los extranjeros, y la instauración de un feriado irrenunciable para el domingo 27 de octubre.
El veto presidencial constituye una facultad establecida en la Constitución que permite al Presidente de la República introducir cambios en proyectos de ley mediante la modificación, eliminación o adición de disposiciones.
En esta ocasión, el veto presentado por el Gobierno, con carácter de discusión inmediata, consta de siete numerales, incluyendo una disposición sustitutiva, tres supresivas y tres aditivas. Estas modificaciones tendrán efecto transitorio, aplicándose exclusivamente para las elecciones de octubre próximo.
Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), detalló que el veto propone reintegrar la multa para todos los votantes que no concurran a sufragar, fijada en 0,5 UTM (equivalente a 32.983 pesos en junio).
Además, la propuesta gubernamental busca reinstaurar el feriado irrenunciable para el domingo 27 de octubre. También se incluye una disposición para reducir el reembolso de gastos electorales para candidatos y partidos políticos, reiterando la propuesta de disminución previamente presentada por el Ejecutivo.
Entre las adiciones realizadas al proyecto, se destacan mejoras en la regulación de la propaganda electoral en plataformas digitales y redes sociales, aspecto relevante en la era digital y tecnológica actual.
El ministro Elizalde subrayó que el veto presidencial se fundamenta en tres ideas centrales. “En primer lugar, busca establecer sanciones para aquellos que incumplan con su deber de votar”, declaró Elizalde, enfatizando la importancia de fortalecer la participación cívica y el ejercicio democrático en el país.
El proyecto de veto presidencial ahora será objeto de discusión y análisis en el Senado, donde se espera un debate profundo sobre las modificaciones propuestas por el Gobierno, las cuales buscan optimizar el proceso electoral y garantizar una mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio democrático de Chile.
