La audiencia programada para discutir las medidas cautelares reales contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), ha sido suspendida, generando expectación y diversas interpretaciones sobre las razones detrás de esta decisión judicial.
Inicialmente, se pensó que la suspensión se debía a la inhabilitación de la jueza Judith Guzmán, titular del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, quien previamente se había apartado de otro caso que involucraba al edil. Sin embargo, más tarde se aclaró que la jueza no llegó a inhabilitarse. La verdadera razón de la postergación fue la presentación tardía de una solicitud del Consejo de Defensa del Estado, la cual no pudo ser tramitada a tiempo. Tras un acuerdo entre las partes, se decidió fijar una nueva audiencia.
La audiencia se ha reprogramado para el próximo 3 de julio a las 9:00 de la mañana. En esta sesión se revisarán las medidas cautelares reales, que a diferencia de la prisión preventiva, se implementan para garantizar el pago de costas, multas y la reparación del daño causado, mediante la retención de bienes y dinero. La parte querellante busca específicamente congelar los bienes inmuebles de Jadue para impedir que pueda realizar contratos con ellos.
Durante la audiencia de hoy, también se esperaba resolver la autorización para el ingreso de un notario al anexo Capitán Yáber y el permiso para la visita de un periodista que pretendía realizar un reportaje. Sin embargo, la defensa se desistió de la solicitud del notario, y el periodista no se presentó, lo que dejó estos puntos sin resolución.
El abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, informó que se incluirá un nuevo abogado en el equipo de defensa del alcalde, aunque no confirmó la identidad del mismo. Se especula que el nuevo integrante podría ser Juan Carlos Manríquez, reconocido por su experiencia en casos complejos.
Daniel Jadue, quien este viernes cumple 57 años, se encuentra en prisión preventiva acusado de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. Estas acusaciones están relacionadas con su gestión en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), entidad de la que fue presidente. Las imputaciones apuntan a irregularidades y manejos indebidos durante su administración, lo que ha llevado a este proceso judicial.
La postergación de la audiencia ha generado diversas reacciones tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública. La defensa de Jadue se muestra confiada en que podrán desvirtuar las acusaciones, mientras que los querellantes y la comunidad siguen atentos a los desarrollos del caso, que ha puesto en el ojo del huracán la gestión del alcalde y su equipo.
La próxima audiencia del 3 de julio será crucial para definir el futuro judicial de Daniel Jadue y para clarificar las medidas cautelares que se le impondrán, en un caso que sigue captando la atención nacional.
