La disputa por el uso de las aguas del río Laja ha alcanzado un nuevo e importante desarrollo, esta vez llevada al ámbito judicial. El conflicto, que durante años ha centrado su atención en las organizaciones de regantes y la cantidad de agua extraída del cauce, ahora dirige sus acusaciones hacia los organismos estatales involucrados en la gestión del recurso hídrico.
En el epicentro de esta nueva fase del conflicto se encuentra una querella criminal presentada contra altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los acusados son Rodrigo Sanhueza, director general de Aguas (DGA); Nicolás Ureta, jefe del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la DGA; y Pamela Garay, jefa de la Unidad de Supervigilancia del mismo departamento. A estos funcionarios se les imputa la autorización de extracciones irregulares de agua del río Laja, favoreciendo supuestamente a la Asociación de Canalistas Canal Zañartu.
El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago ha acogido la querella, ordenando su tramitación y remitiéndola al Ministerio Público para el inicio de una investigación penal. Esta acción judicial refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer la legalidad de las decisiones tomadas por los funcionarios públicos en cuestión.
Los querellantes en este caso son diversas organizaciones directamente afectadas por la gestión del río Laja. Entre ellos se encuentran la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y sus afluentes, la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios Saltos del Laja, y la Agrupación de Productores Lecheros de Biobío (Aproleche). Estas entidades representan a una amplia gama de intereses agrícolas, turísticos y productivos que dependen críticamente del acceso equitativo y regulado al agua del río Laja.
Durante años, la controversia se ha centrado en la cantidad de agua que se permite extraer del río, con recurrentes tensiones entre las organizaciones de regantes. La nueva querella, sin embargo, introduce un componente adicional al señalar presuntas irregularidades en la actuación de los organismos estatales encargados de la regulación y supervisión de los recursos hídricos.
La autorización de extracciones irregulares en beneficio de ciertos usuarios, como se alega en la querella, podría tener implicaciones significativas para la sostenibilidad y equidad en el uso del río Laja. El curso de la investigación penal será crucial para determinar la veracidad de estas acusaciones y el eventual impacto de las decisiones administrativas en la disponibilidad y gestión del agua en la región.
Este nuevo capítulo en el conflicto del río Laja no solo resalta la persistente problemática de la gestión del agua en Chile, sino que también subraya la necesidad de transparencia y responsabilidad en las decisiones de los organismos públicos. Con la querella ahora en manos del Ministerio Público, la expectativa está puesta en una investigación rigurosa que aporte claridad y justicia a un conflicto que afecta a múltiples actores y sectores productivos del país.
Fotografía Junta de Vigilancia Río Diguillin
