Corte de Apelaciones de Concepción Rechaza Recurso de Protección de Trabajadores del Puerto Coronel

Concepción, Chile – La Corte de Apelaciones de Concepción ha desestimado el Recurso de Protección interpuesto por los trabajadores del Puerto Coronel, quienes argumentaban la vulneración de su derecho al trabajo. La controversia se centra en las acusaciones contra el gerente del puerto, Patricio Román, a quien los denunciantes acusan de favorecer a los miembros de un sindicato recientemente formado, en detrimento de los trabajadores con más antigüedad.

En su acción legal, los trabajadores señalaron que Román estaría entregando empleo únicamente a los integrantes del nuevo sindicato, lo que consideran una maniobra para debilitar a los sindicatos históricos y eventualmente hacerlos desaparecer. En su denuncia, mencionaron que esta situación les ha llevado a apodar al gerente como el “Termineitor”.

El abogado Andrés Durán, representante de los trabajadores, ha confirmado que se apelará la decisión de la corte. “Efectivamente, por instrucción de mis representados, vamos a presentar un recurso de reposición. Consideramos que el recurso fue declarado inadmisible fuera de las causales establecidas por el auto acordado de la Corte Suprema”, explicó Durán.

Durán detalló los fundamentos de la apelación, argumentando que el recurso se presentó dentro del plazo correspondiente y que se explicaron adecuadamente las vulneraciones a las garantías constitucionales. “El Recurso de Protección establece que su presentación es sin perjuicio de otros recursos, por lo tanto, entendemos que es plenamente procedente”, concluyó el abogado.

El conflicto en el Puerto Coronel refleja tensiones laborales significativas, donde la administración es acusada de prácticas discriminatorias contra trabajadores históricos. La próxima etapa será la presentación del recurso de reposición, que buscará revertir la decisión de la Corte de Apelaciones y garantizar lo que los trabajadores consideran un trato justo y equitativo.

El Recurso de Protección es una herramienta legal en Chile que permite a los ciudadanos defenderse contra actos que consideran arbitrarios e ilegales, y que vulneran derechos garantizados por la Constitución. En este caso, los trabajadores del Puerto Coronel han utilizado este recurso para intentar frenar lo que consideran una política laboral injusta y discriminatoria por parte de la gerencia del puerto.