Desvinculación de ex jefe de gabinete de Gobernación de Bío Bío

Por el Abogado y Columnista

de Bio Red Noticias

Ronald Alvarez Sanhueza

Como ha trascendido desde que asumiera como nueva gobernadora de Bío Bío doña María Teresa Browne, se suacitaron algunas diferencias por la no renuncia del ex Jefe de Gabinete Marcelino Rivera, quien se mantuviera en su cargo, toda vez que existía un decreto que le permitía hacerlo hasta el 31 de diciembre del presente año, recibiendo críticas de todos los sectores políticos.

Como era de esperar, ante tal presión, y frente a la no renuncia del señor Rivera, el Gobierno fue quien determinara en definitiva su desvinculación de la Gobernación, ante lo cual la gobernadora ten conferencia de prensa ratifica esto y señala que no era Ético ni POLITICAMENTE correcto que el siguiera en su cargo.

A lo anterior, al emplear el término POLITICAMENTE correcto, deja abierta la posibilidad de recurrir ante la justicia para que en definitiva resuelva si se ajustó o no a derecho, tal desvinculación; las posibles salidas que se podrían impetrar perfectamente se enmarcarían en un Recurso de Protección o deducir directamente una denuncia en procedimiento de tutela laboral establecido en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo fundado en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de República referente a la libertad del trabajo y su protección, y demás normas legales pertinentes, lo que ante un eventual resultado positivo se pueden demandar diversas prestaciones laborales tales como años de servicios, falta de aviso previo entre otros, más los recargos legales establecidos en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Atendido a lo expuesto en el párrafo anterior, se ha señalado por parte de la administración que por ser funcionarios públicos se deben regir por el Estatuto Administrativo, por lo que no se enmarcaría dentro de una relación laboral, y por ende no percibir las prestaciones ya descritas, a lo que los tribunales laborales, en su mayoría, no lo considera así, en razón de que al existir fundamentos plausibles y se cumplan los requisitos legales correspondientes perfectamente se puede dar a lugar a lo demandado.

Sin perjuicio de lo anterior, también se ha señalado que por ser un cargo de confianza de la administración anterior debería haber presentado su renuncia, cuestión que queda en una decisión personal del que ocupa su cargo, y frente a tal negativa la propia administración puede y en este caso lo hizo que es el de desvincularlo como Jefe de Gabinete.

No resulta alejado el poder señalar que se trate de un acto discriminatorio según lo dispone el artículo 2º de la Ley 20.609, conocida como Ley Zamudio: “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Perfectamente se puede acudir a dicha norma ante la explicación que se diera por parte de la Gobernación que era POLITICAMENTE correcto que no continuara en su cargo, porque el Espíritu de esta Ley es buscar la protección y el posible restablecimiento del derecho vulnerado, a través de un acto discriminatorio, sin hacer diferencias de quien lo realice.

Para terminar, se debe señalar y reforzando la idea de que se pueda recurrir ante los tribunales de justicia, siendo más específico en sede laboral, la Jurisprudencia tanto de las Cortes de Apelaciones como de la Corte Suprema ha estimado, que sin perjuicio de provenir del sector público se puedan regir y ampararse en lo dispuesto en las normas del Código del Trabajo ante cualquier despido y mayor aún si se estima que puede ser arbitrario o ilegal.